Releo la entrada anterior (curiosa actividad esta de releerse a uno mismo) y medito sobre su aparente pesimismo. Aparente, dado que no es tal. En realidad me encuentro como Delibes, existencialmente pesimista pero ontológicamente optimista. No tengo ningún dato objetivo para pensar que el conflicto de EpC no se va a ganar. Es simplemente una intuición y considero a esta como una forma de conocimiento. Lo cierto es que mediante su uso se llegan a conclusiones que uno considera ciertas a través de un razonamiento que se presenta difuso pero del que uno sospecha que es acertado. Por eso no trataré de profundizar en el desarrollo del razonamiento. Creo que no llegaré a soluciones distintas. Las premisas de partida se encuentran también desdibujadas o simplemente esbozadas: jurídicamente existen muchas vías de escape para el Tribunal de Estrasburgo por las que puede desviarse sin entrar en el fondo del asunto; la actitud del Partido Popular en las Comunidades donde gobierna no alienta la esperanza en una solución política; socialmente muchos colectivos han pasado página en este asunto… y sin embargo, no tengo derecho al desánimo, la batalla de EpC podrá perderse pero la guerra por la libertad de educación se ganará sin duda. Es parte de una guerra cultural donde junto con la batalla por la vida se juega mucho el Hombre. Es muy probable que sea necesario pasar por una época de tribulación como la actual, pero estoy convencido de que un pequeño grupo de padres, incluso uno solo será capaz de mantener esa llama encendida y cuando se propague no habrá forma de pararla. Por si había dudas.
La semana pasada fue densa en noticias relacionadas con la libertad de educación en España.
Por un lado el Partido Popular publicó un documento en el que expone sus propuestas para lograr un Pacto de Estado sobre la Educación en España.
Ese documento no contempla la supresión de la asignatura Educación para la Ciudadanía, lo que ha suscitado diversas críticas de medios de comunicación de la derecha social española manteniendo que la postura del PP suponía un nuevo incumplimiento de las promesas electorales hechas a sus votantes.
Al mismo tiempo diversas organizaciones de la sociedad civil manifestaron sus opiniones sobre las propuestas del PP. Así lo hicieron Profesionales por la Ética y España Educa en Libertad, la federación que agrupa a las plataformas que representan a los padres objetores a la polémica asignatura.
Esta última entidad lanzaba además la semana pasada el Manifiesto por la Libertad de Educación, un documento que busca salvaguardar el derecho que asiste a los padres a decidir la educación sexual que quieren que reciban sus hijos, ante la nueva intromisión que prepara el Gobierno con la nueva ley del aborto en este asunto tan sensible.
Otros medios especializados en información religiosa también se han hecho eco de la situación de los objetores a EpC, en especial en el blog de Luis Fernando Pérez Bustamante en Infocatólica. Comparto gran parte del análisis y de resumen de la historia de la objeción hasta ahora. Lo que resulta más chocante de esta aún corta historia es el goteo de deserciones que se ha producido desde el inicio, cuando el respaldo a la objeción fue mayoritario por parte de los obispos de la Conferencia Episcopal Española, el Partido Popular, y diversas organizaciones sociales y educativas: la Federación de Religiosos de la enseñanza (FERE), Confederación de Padres Católicos, CECE, Foro de la Familia, etc.,… Un amplio mosaico de entidades que pueden agrupar o representar a la gran mayoría de padres católicos españoles en el ámbito educativo parecieron unirse para defender a los padres ante la injerencia que suponía la asignatura.
Pero actualmente los padres están solos. No cuentan con el apoyo de grupos mediáticos, se han ido desentendiendo de ellos tanto las patronales de la educación como diversas asociaciones de padres católicos y movimientos de la sociedad civil. El Partido Popular pese a las intenciones de su documento manifiesta una actuación ambigua en aquellas comunidades autónomas donde gobierna. Los objetores no reciben más asistencia jurídica que la que pueden prestarles otros padres objetores profesionales del Derecho desde las plataformas. Esta situación duele a algunos, extrañados por lo que consideran el peor de los daños, el "fuego amigo", el abandono de los que aparentemente defienden lo mismo que uno.
Vaya por delante que pienso que la batalla por la objeción de conciencia a EpC, no se va a ganar. Ni política, ni jurídica, ni mediáticamente. Tampoco lo haremos en el plano social. Entonces ¿por qué objetar?, ¿por qué continuar adelante con una batalla que parece perdida de antemano? Pues porque el verdadero centro del debate en este tema no es esta batalla, siendo ésta extraordinariamente importante. Lo que de verdad importa es ganar la guerra por la libertad de educación, por defender y dar verdadero contenido al derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones. Lo que no ha comprendido mucha gente es que este es un conflicto como el del aborto. Y estos no son más que lo primeros envites de una larga guerra que se va a extender durante décadas. Porque en el fondo lo que existe es una guerra ideológica, una guerra en la que existen dos modelos contrapuestos de entender el Hombre, de entender la sociedad, la educación, la libertad y responsabilidad individuales, las relaciones del individuo y el Estado,... Y donde una de las ideologías considera que debe imponer sus valores de un modo hegemónico al resto de la sociedad. Es deseable que a lo largo de ese tiempo se unan más personas a esta lucha, se recupere la necesaria unidad para afrontar este enorme reto y se sumen esfuerzos para concentrarlos donde verdaderamente son necesarios. La guerra no ha hecho más que comenzar, es parte de una hoja de ruta donde lo que se busca es acabar con la libertad educativa, con los conciertos educativos a los centros católicos, con la educación diferenciada, y sobre todo con la libertad de los padres para educar a sus hijos conforme a sus convicciones,... y esa guerra no la podemos perder.
Esta semana coincidiendo con la aprobación de la ley del aborto en España hemos conocido una valiente declaración efectuada por la Universidad de Navarra.
La ley del aborto no solo incorpora en esta nueva redacción una ampliación de la cobertura legal al asesinato de seres inocentes y la desprotección a los profesionales sanitarios que quieran ejercer su derecho a la objeción de conciencia a la realización de abortos sino que además, en una nueva vuelta de tuerca de ingeniería social, pretende introducir la “educación sanitaria integral y con perspectiva de género sobre salud sexual y salud reproductiva” en todos los niveles educativos, con la cínica pretensión de reducir el número de embarazos no deseados. Una nueva reformulación de la vieja receta de la izquierda de intentar apagar incendios echándoles gasolina. Abundando en esta perspectiva educativa “la formación de los profesionales de la salud se abordará con perspectiva de género e incluirá la incorporación de la salud sexual y reproductiva en los programas curriculares de las carreras relacionadas con las ciencias de la salud”, es decir, en la práctica la ley pretende la enseñanza obligatoria de la práctica del aborto para los profesionales sanitarios.
Ante esta imposición la Universidad de Navarra, obra corporativa del Opus Dei, ha reaccionado con la mencionada declaración en la que se puede leer:
Comprendemos el sufrimiento de muchas mujeres ante un embarazo imprevisto. Necesitan un apoyo que sólo personas con corazón pueden prestar… y hay muchas personas así. La defensa de esas mujeres clama a nuestra conciencia y una mirada compasiva nos recuerda que otro ser humano comparte esa tragedia en una posición de mayor debilidad todavía. El avance científico nos brinda hoy datos clave desconocidos en buena parte del siglo XX. Qué coraje social mostramos con esa evidencia desde los ámbitos universitarios, políticos, económicos…
Nos negamos a solucionar la tragedia de un embarazo indeseado con la tragedia superior del aborto. Nos negamos a incorporar las técnicas abortivas a los contenidos de la educación. Nos comprometemos a formar profesionales para curar, investigar y ayudar.
Ciertamente no se comprendería que una Universidad de ideario católico enseñase prácticas contrarias a la Doctrina y al Magisterio de la Iglesia y mucho menos en una materia tan grave como la defensa de la vida humana en su inviolable dignidad. No merece más que aplauso esta decidida postura de las que son probablemente las mejores facultades y escuelas sanitarias de España, junto con la Clínica Universitaria, centro de referencia mundial en su especialidad.
Pero junto a los aplausos a esta iniciativa de mi alma mater no dejan de resonar en mis oídos las preguntas retóricas que se hace Padre Objetor en su blog:
- ¿Por qué otros centros docentes -los que ofertan enseñanzas medias concertadas- no han tenido el coraje de oponerse públicamente a la implantación en sus centros de la Educación para la Ciudadanía?
- ¿Van a realizar los centros concertados (algunos de los cuales se dicen muy próximos a la Universidad de Navarra) alguna manifestación relativa a la implantación de las asignaturas de Educación Sexual impartidas por personal ajeno al centro?
- ¿Es que la Universidad de Navarra no depende del dinero público tanto o más que los colegios concertados para realizar su tarea?
- ¿O es que la Universidad de Navarra despierta más simpatías y sufre menos críticas sociales que los colegios concertados? ¿Cuántas bombas han sufrido éstos?
Sin duda habrá que estar atento al desarrollo de esta declaración y a las consecuencias que la misma le puede conllevar a la Universidad, embarcada en el proyecto Horizonte 2015. Del resultado de la misma puede derivarse un rearme de principios imprescindible para los centros educativos de ideario católico que tendrán que lidiar con las nuevas materias en educación primaria y secundaria. Coraje social necesario para defender al más débil del sistema educativo ante las agresiones a la libertad de educación: el alumno. Sin duda, en esta materia no menos delicada también se puede decir:
La historia juzgará nuestra pasividad cómplice o nuestro compromiso solidario con el débil. No hay mejora sin cambio. Hoy es el día de cambiar en España, en Europa y en el mundo.
El Gobierno español parece que no sabe cómo abordar el conflicto abierto con los padres objetores a Educación para la Ciudadanía, la polémica asignatura que intenta conculcar el derecho de los padres a educar a sus hijos en sus propias convicciones morales y religiosas.
Mientras el ministro Gabilondo en un ejercicio de lo que parece cinismo político manifiesta públicamente que desea buscar una salida negociada a esta situación, a la vez que ningunea a los padres objetores pretendiendo que sean recibidos por quienes no tienen poder alguno de decisión dentro del Ministerio, en los Tribunales de Justicia se intentan poner nuevos obstáculos. Estos no son otros que las costas o gastos judiciales que los abogados del Estado están imponiendo a los padres objetores en los casos que ya han sido resueltos por el Supremo. Según José Luis Bazán, director de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, es llamativa la cuantía de las costas que, en algunos casos, están siendo de 600 € por procedimiento. «Resulta absolutamente desorbitado el importe», asegura Bazán, porque suelen ser, en este tipo de casos, de 200 €. La imposición de estas elevadas cantidades es contrario a la buena práctica jurídica y deben ser impugnadas porque con ellas pretenden obstaculizar el ejercicio de los derechos de los objetores».
Para Bazán, resulta notorio que el Gobierno está preocupado porque los objetores a EpC no se han detenido y pretende amedrentarle con la cuantía de las costas. Y es que desde septiembre hasta hoy los padres han presentado unos 250 recursos judiciales en Valencia, Toledo y Madrid mientras el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado, en mes y medio, 182 sentencias que eximen a 355 alumnos de cursar las polémicas asignaturas.

