El Gobierno español parece que no sabe cómo abordar el conflicto abierto con los padres objetores a Educación para la Ciudadanía, la polémica asignatura que intenta conculcar el derecho de los padres a educar a sus hijos en sus propias convicciones morales y religiosas.
Mientras el ministro Gabilondo en un ejercicio de lo que parece cinismo político manifiesta públicamente que desea buscar una salida negociada a esta situación, a la vez que ningunea a los padres objetores pretendiendo que sean recibidos por quienes no tienen poder alguno de decisión dentro del Ministerio, en los Tribunales de Justicia se intentan poner nuevos obstáculos. Estos no son otros que las costas o gastos judiciales que los abogados del Estado están imponiendo a los padres objetores en los casos que ya han sido resueltos por el Supremo. Según José Luis Bazán, director de la Asesoría Jurídica de Profesionales por la Ética, es llamativa la cuantía de las costas que, en algunos casos, están siendo de 600 € por procedimiento. «Resulta absolutamente desorbitado el importe», asegura Bazán, porque suelen ser, en este tipo de casos, de 200 €. La imposición de estas elevadas cantidades es contrario a la buena práctica jurídica y deben ser impugnadas porque con ellas pretenden obstaculizar el ejercicio de los derechos de los objetores».
Para Bazán, resulta notorio que el Gobierno está preocupado porque los objetores a EpC no se han detenido y pretende amedrentarle con la cuantía de las costas. Y es que desde septiembre hasta hoy los padres han presentado unos 250 recursos judiciales en Valencia, Toledo y Madrid mientras el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León ha dictado, en mes y medio, 182 sentencias que eximen a 355 alumnos de cursar las polémicas asignaturas.
