Con 38 votos a favor y seis en contra, el Congreso de Veracruz aprobó modificar la constitución local, que busca proteger la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural. De este modo ya son 17 los congresos estatales que reforman sus legislaciones para establecer la protección a la vida.

El artículo cuarto de la Constitución de Veracruz queda redactado de la siguiente manera:

“El Estado garantizará el derecho a la vida desde el momento de la concepción hasta la muerte natural, como valor primordial que sustenta el ejercicio de los demás derechos del individuo. La ley determinará los casos de excepción.”
Previamente se aprobó por amplia mayoría una reforma del artículo 150 del Código Penal estatal, con la que se evita que la mujer que aborte sea castigada con cárcel. En esta modificación se establece que el estado se obliga a proporcionar a la mujer atención médica integral. Sin embargo para quien colabore en el aborto se establecen penas de prisión. No obstante se mantienen las excepciones de responsabilidad penal por aborto previstas en la legislación nacional: violación, riesgo para la vida de la madre y malformaciones congénitas.

De esta manera se consigue proteger el primer y fundamental derecho: el derecho a la vida. El aborto no puede ser considerado un derecho sino que mantiene su tipificación como delito, solo despenalizado en unos determinados supuestos en la legislación nacional. Aún en los casos de delito no se criminaliza a la mujer sino que se le ofrece una pena sustitutiva de la de prisión consistente en un tratamiento médico y psicológico que le permita paliar las nefastas consecuencias del aborto. Así ninguna mujer se verá privada de libertad por ese motivo.



Sin haber cerrado todavía el conflicto ni la polémica de Educación para la Ciudadanía el Gobierno español promueve un nuevo intento de conculcar el derecho de los padres a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones. A través de la ley del aborto pretende impartir de manera obligatoria educación afectivo sexual en los centros educativos. Tanto la ley como el desarrollo que harán posible este proyecto se encuentran actualmente en tramitación, por lo que hay muchos aspectos que todavía no están definidos. El Gobierno sabe que esta medida va a tener una fuerte contestación social dado que se inmiscuye en cuestiones donde no existe un amplio consenso social y que forman parte de concepciones antropológicas y morales contrapuestas en amplios grupos de población. La reciente polémica sobre los talleres de masturbación en Extremadura y la firma de un convenio de colaboración entre la Federación de Gay, Lesbianas y Transexuales con la Confederación de Padres de la Escuela Pública precisamente para colaborar en el ámbito de la educación afectivo-sexual no ayudan a tranquilizar los ánimos de los padres.